Una resolución publicada el 13 de noviembre de 2026 incorpora los costos por kilómetro de los vehículos diésel, a gas natural y eléctricos en el sistema de compensaciones del transporte público. La nueva metodología se aplica a las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y períodos posteriores.
Redacción: Redacción Mundo del Transporte
Editor: Eduardo Schmitz
Argentina ha aprobado una modificación en el sistema utilizado para calcular las compensaciones económicas destinadas a los operadores de autobuses urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional. La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, publicó el 13 de noviembre de 2026 la Resolución 83/2026, que introduce una metodología para diferenciar los costos operativos de las unidades según utilicen gasoil, gas natural comprimido (GNC) o electricidad.
La medida busca adaptar los mecanismos de cálculo y distribución de las compensaciones tarifarias a una estructura de transporte público en la que pueden coexistir diferentes tecnologías de propulsión.
Hasta ahora, los procedimientos de referencia no incorporaban de la misma manera la distinción energética que ya había sido introducida en la metodología de costos del sistema. La nueva resolución establece los ajustes necesarios para que esos parámetros puedan utilizarse al determinar las tarifas teóricas y distribuir las compensaciones correspondientes.
El cambio tiene efectos administrativos concretos: los procedimientos aprobados deben aplicarse a las liquidaciones del período devengado de octubre de 2026 y a las posteriores, hasta que se apruebe una nueva regulación.
La disposición no constituye un anuncio de compra de autobuses eléctricos ni establece que todas las empresas deban sustituir inmediatamente sus vehículos diésel.
El costo por kilómetro dependerá del sistema de propulsión
La principal novedad consiste en incorporar el tipo de energía utilizada por los autobuses como un parámetro específico dentro del cálculo económico del transporte público.
La resolución contempla tres categorías de propulsión: unidades que funcionan con gasoil, vehículos alimentados con gas natural comprimido y autobuses eléctricos.
Para cada tecnología se considera un costo específico por kilómetro recorrido. También se incorpora un costo por kilómetro ponderado, calculado según la participación de cada tipo de vehículo dentro del sistema.
Esta diferenciación permite que la metodología reconozca que los costos asociados a distintas tecnologías de transporte no necesariamente son iguales.
Los autobuses diésel dependen del suministro de combustible líquido, mientras que las unidades a GNC utilizan gas natural almacenado a presión. Los vehículos eléctricos, por su parte, requieren electricidad y sistemas de almacenamiento energético.
Las diferencias pueden influir en los costos de energía, mantenimiento, infraestructura y operación, aunque sus efectos económicos concretos dependen de las características de cada flota y de los parámetros reconocidos por la regulación.
La resolución no establece que una tecnología resulte automáticamente más económica que las demás en todas las condiciones operativas.
Su objetivo es incorporar las diferencias energéticas a los procedimientos oficiales de cálculo.
La medida modifica la distribución de las compensaciones tarifarias
En el transporte público argentino, las compensaciones tarifarias forman parte de los mecanismos utilizados para financiar determinados servicios sujetos a regulación nacional.
La metodología de tarifas teóricas de referencia permite establecer parámetros económicos para calcular los importes correspondientes a los operadores comprendidos en el régimen.
La Resolución 83/2026 aprueba tres instrumentos administrativos.
El primero es una nueva metodología para construir las tarifas teóricas de referencia. El segundo establece el procedimiento de distribución de las compensaciones para empresas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional que operan dentro del ámbito geográfico determinado por la Ley 25.031.
El tercero regula el procedimiento aplicable a los servicios comprendidos en las unidades administrativas establecidas por la Resolución 168/1995 y sus modificaciones.
Estos instrumentos reemplazan los procedimientos anteriores en los aspectos regulados por la nueva disposición.
La modificación no implica necesariamente que todas las empresas recibirán mayores subsidios. Los importes dependen de los cálculos correspondientes y de las condiciones establecidas para cada servicio.
Tampoco debe confundirse la actualización de la metodología con un incremento automático del precio de los pasajes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires es uno de los ámbitos afectados
La regulación se relaciona directamente con los servicios de transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Este territorio concentra una extensa red de autobuses que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con diferentes localidades del entorno metropolitano.
Sin embargo, la aplicación de la resolución no debe interpretarse como una modificación automática de todos los sistemas municipales o provinciales de transporte de Argentina.
El alcance está definido por las disposiciones nacionales y por las unidades administrativas expresamente contempladas en la normativa.
La Secretaría de Transporte considera necesario que los procedimientos de compensación reflejen adecuadamente la estructura de costos utilizada para los servicios comprendidos en esos ámbitos.
Esta actualización resulta relevante porque la planificación económica del transporte colectivo depende de variables como la distancia recorrida, los costos reconocidos y las características operativas de los vehículos.
La utilización de diferentes tecnologías de propulsión agrega un componente adicional a esos cálculos.
La actualización comenzó con una resolución de octubre
La medida publicada el 13 de noviembre tiene como antecedente directo la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, aprobada el 28 de octubre.
Esa disposición modificó la metodología de cálculo de los costos de explotación del transporte urbano y suburbano de pasajeros por automotor de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Entre las modificaciones introducidas figura un anexo destinado a determinar el costo por kilómetro según el tipo de energía y el costo ponderado del sistema.
La Secretaría de Transporte explicó que la incorporación de esos conceptos responde al propósito de promover la diversificación de la matriz energética del transporte automotor de pasajeros y favorecer la introducción progresiva de diferentes tecnologías de propulsión.
Posteriormente, las autoridades identificaron la necesidad de revisar si los procedimientos de construcción de tarifas teóricas y distribución de compensaciones podían procesar correctamente los nuevos parámetros.
La Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, mediante sus áreas competentes, desarrolló la propuesta de adecuación que dio origen a la Resolución 83/2026.
De esta manera, la regulación de noviembre completa una etapa administrativa iniciada con la modificación de los criterios de costos aprobada en octubre.
La electrificación del transporte público plantea nuevos criterios económicos
La incorporación de autobuses eléctricos a los sistemas urbanos requiere considerar diferencias entre los costos de adquisición, energía y funcionamiento de las flotas.
Un vehículo eléctrico puede presentar necesidades de mantenimiento distintas de las de una unidad diésel, pero también depende de la disponibilidad de instalaciones de recarga y de una planificación energética adecuada.
Estas condiciones explican por qué las autoridades de transporte necesitan metodologías capaces de comparar diferentes sistemas de propulsión.
En México, la incorporación de autobuses eléctricos al sistema Mobi de Chetumal muestra cómo la renovación tecnológica requiere inversiones tanto en vehículos como en infraestructura de carga.
La experiencia mexicana corresponde a un programa de incorporación de unidades, mientras que la resolución argentina se concentra en los procedimientos económicos aplicables a los servicios de transporte público.
Ambas iniciativas representan dimensiones diferentes de la transición energética: una relacionada con la operación de nuevas flotas y otra con los instrumentos regulatorios que permiten reconocer sus costos.
La actualización argentina podría facilitar una representación más diferenciada de las tecnologías dentro del cálculo de compensaciones, aunque no garantiza por sí sola la incorporación de nuevos autobuses eléctricos.
El gas natural también entra en el sistema de cálculo
La nueva metodología no se limita a distinguir entre vehículos diésel y eléctricos.
El gas natural comprimido constituye la tercera categoría energética contemplada expresamente por la Secretaría de Transporte.
Los autobuses a GNC utilizan motores de combustión adaptados para funcionar con gas natural almacenado en cilindros de alta presión.
Su funcionamiento requiere infraestructura específica de abastecimiento y procedimientos de seguridad adecuados para la manipulación del combustible.
El costo energético de estas unidades depende, entre otros factores, del consumo del vehículo y de las condiciones de suministro.
La inclusión del GNC dentro de la metodología permite diferenciar sus costos de los correspondientes al gasoil y a la electricidad.
El enfoque reconoce que la diversificación energética del transporte colectivo puede incluir tecnologías intermedias y no exclusivamente la electrificación de las flotas.
No obstante, la resolución no establece objetivos obligatorios de participación de vehículos a GNC ni fija porcentajes mínimos de autobuses eléctricos.
La experiencia internacional muestra diferentes modelos de financiación
La transformación energética del transporte público se desarrolla mediante mecanismos económicos distintos según el país.
En India, el programa PM-eBus Sewa ha impulsado la incorporación de autobuses eléctricos en distintas ciudades, combinando financiación pública y medidas destinadas a ampliar la disponibilidad de vehículos de bajas emisiones.
En ese caso, el programa está orientado directamente al despliegue de unidades y al desarrollo de las condiciones necesarias para su funcionamiento.
La medida argentina tiene un alcance diferente: adapta los procedimientos de cálculo de compensaciones de servicios existentes para reconocer las características energéticas de las flotas.
La distinción es importante porque una metodología de costos no equivale a un programa de inversión ni a una licitación para adquirir vehículos.
También existen experiencias de transporte eléctrico que utilizan soluciones distintas de los autobuses convencionales. En Argentina, el Tren Solar de Jujuy opera con baterías de litio y energía de origen solar en un corredor ferroviario de 42 kilómetros.
Ese servicio pertenece a otra modalidad de transporte y no está comprendido en los procedimientos de compensación para autobuses establecidos por la Resolución 83/2026.
Su funcionamiento permite observar, sin embargo, que la diversificación energética del transporte argentino también se desarrolla fuera de las redes metropolitanas de autobuses.
La nueva metodología se aplica desde las liquidaciones de octubre
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su calendario de aplicación.
Aunque fue publicada en el Boletín Oficial el 13 de noviembre de 2026, el artículo tercero establece que la metodología y los procedimientos aprobados deben utilizarse para las liquidaciones correspondientes al período devengado de octubre de 2026 y los siguientes.
Esto significa que la fecha de publicación de la norma y el período económico al que se aplican los nuevos cálculos no coinciden.
La disposición mantiene su aplicación hasta que las autoridades aprueben otro procedimiento que la sustituya.
El texto también ordena comunicar la medida a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico y a Nación Servicios S.A., además de notificar a las entidades representativas del transporte automotor de pasajeros.
La participación de estos organismos responde a sus competencias dentro del sistema nacional de transporte y de los mecanismos administrativos vinculados con su funcionamiento.
La resolución no anuncia una fecha para modificar las tarifas abonadas por los pasajeros ni establece un calendario obligatorio de renovación de las flotas.
Los efectos económicos dependerán de los cálculos aplicados
La incorporación de costos diferenciados por tipo de energía representa un cambio en la forma de reconocer las características operativas del transporte público.
Sin embargo, el efecto económico sobre cada operador dependerá de los parámetros establecidos en los anexos, de la composición energética del sistema y de las liquidaciones correspondientes.
La norma no proporciona, en su articulado principal, una cifra única que permita determinar cuánto aumentarán o disminuirán las compensaciones de todas las empresas.
Tampoco permite concluir que la utilización de autobuses eléctricos producirá automáticamente una reducción determinada del gasto público.
Para evaluar esos resultados será necesario examinar las liquidaciones efectivas y los datos operativos utilizados en los cálculos.
El cambio introduce una base administrativa para considerar explícitamente las diferencias entre gasoil, GNC y electricidad, pero los resultados financieros concretos deben verificarse mediante la aplicación de la metodología.
La novedad confirmada es que Argentina ha aprobado un procedimiento de compensaciones tarifarias que reconoce distintas tecnologías de propulsión dentro de los servicios urbanos y suburbanos comprendidos en la regulación nacional.
Con su aplicación desde las liquidaciones de octubre de 2026, el sistema incorpora un criterio energético específico para calcular las tarifas teóricas de referencia y distribuir las compensaciones del transporte público.
Fuentes referenciales:
Boletín Oficial de la República Argentina — Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 13 de noviembre de 2026


